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R.T.M. El pasado 15 de abril fueron detenidos e ingresados en prisión provisional Antonio Martínez, presidente del grupo empresarial Trampolín Hills y dos de sus socios por una presunta estafa de más de 60 millones de euros. El caso Ninette, en los Alcázares sigue deparándonos sorpresas. Más de la mitad de los ayuntamientos de la Región de Murcia (dirigidos fundamentalmente por el PP, pero también por el PSOE) siguen bajo investigación judicial mientras Jaume Matas y la pandilla de la Gürtel pasean sus desvergüenzas por los medios de comunicación.
La libertad de prensa, más parece una quimera que un derecho constitucional en nuestra Región, la información de calidad queda relegada casi exclusivamente a medios minoritarios en internet mientras en particular la radio y la televisión funcionan como un bloque monolítico al servicio del gobierno regional, no sólo informan poco y de forma sesgada sobre los escándalos de corrupción relacionados con cargos del PP, sino que ahora se niegan a facilitar imágenes de archivo sobre la detención de funcionarios y políticos a otras televisiones europeas(“Tanto la 7, de la Comunidad Autónoma, como el Canal 6, del diario La Verdad, como Televisión Murciana, se han negado a facilitar imágenes”).
La justicia es extremadamente lenta, ese hecho está jugando a favor de muchos de los imputados de la Región que hacen como si nada hubiese pasado, o mejor  como si todo hubiese sido una caza de brujas, mientras los vecinos, que cuando las vacas eran gordas no reparaban en corruptelas, olvidan los hechos investigados. Puesto que la información es poder y los datos nuestra mejor arma hagamos un repaso más o menos completo al caso que llevó a Daniel García Madrid alcalde de Torre Pacheco a ingresar en prisión preventiva junto al arquitecto técnico municipal en 2008, recordando que los cargos de malversación de caudales públicos y prevaricación siguen pendiendo sobre sus cabezas.
Según informaciones de El País el 25 de Abril de 2007 Fernando de la Cierva ya informó a Daniel G. Madrid de que estaba siendo investigado: «Es culpa del periodista Chema Gil y del tonto del capullo del fiscal, ése que no tiene ni puta idea además de nada, pues revisando todo y al final, pues se archivará y no pasará nada».  El 25 de mayo de 2007, dos días antes de las elecciones municipales y autonómicas se producía la siguiente conversación entre Fernando de la Cierva (entonces Consejero de Presidencia que poco tiempo después dejaría la política para trabajar directamente para Polaris World) y Daniel García Madrid:
-Consejero de la Cierva: Me dicen «que habría algún tipo de investigación realizada a instancias del Fiscal Anticorrupción de Murcia y que parece que salía a relucir alguna historia de alguna casa no sé si tuya o de quién capullo (…) y que parece ser que la jueza [Aránzazu Moreno] en la que ha caído es bastante pepera».
-Alcalde: «Sí, del [juzgado de instrucción número] cuatro».
-Consejero de la Cierva: «Y que la jueza está resistiendo, pero que el fiscal estaría intentando algún tipo de golpe de efecto antes del domingo. Pero que la jueza se resiste a hacer ningún tipo de actuación antes de las elecciones».

De esta conversación no es difícil obtener dos conclusiones, primero que ambos políticos tenían acceso a información reservada pues no deberían haber tenido conocimiento de tales pesquisas (la separación de poderes es inexistente en todo el Estado y pone en duda su carácter democrático) y segundo que consideran a la jueza “de los suyos” (por cierto que en enero fue atendido el traslado de la jueza Aránzazu Moreno y fue sustituida por Sabina Alcaraz Acosta), esta perogrullada es muy relevante, pues cuando el 3 de abril de 2008 Daniel García Madrid y Ramón Cabrera (arquitecto técnico del ayuntamiento de Torre Pacheco) ingresen en prisión preventiva el argumento más repetido será que el juez sustituto, Salvador Calero, estaba ejecutando una estrambótica venganza política pues su padre fue el principal rival interno de Ramón Luís Valcárcel en la pugna por el control  del PP murciano.
Poco después de las elecciones municipales y autonómicas ante los indicios de delito y las peticiones del fiscal la jueza del número 4 de San Javier, Aránzazu Moreno, autorizó el registro de las oficinas del ayuntamiento el 19 de junio de 2007 para recabar documentación sobre la gestión municipal desde 2004. Tan sólo ocho días después se devolvía la documentación no pertinente.  Ese mismo día el entonces consejero de Educación Juan Ramón Medina Precioso hablaba con Daniel G. Madrid y le informaba de que Valcárcel no le había llamado porque su teléfono también estaba pinchado, hecho que nuestro alcalde conocía al menos desde hacía 11 días.  El día 8 de Junio él y Alberto Garre tenían esta escueta conversación, sabiéndose ya escuchados:
–Daniel: Oye, Fernando me comenta otra cosa, como aquella que me comentó en el mitin de Roldán…
–Garre: Sí…
–Daniel:
Me da otra serie de posibles cosas…
–Garre: Sí…
–Daniel: Me pide que discretamente se eche un vistazo…
–Garre: Sí.
–Daniel: Y te hablo así porque me entiendes, ¿no?
–Garre: Sí.
–Daniel: Porque tiene que ver precisamente con los teléfonos móviles…
–Garre: Sí…

El autentico espectáculo se viviría entre principios de febrero y finales de abril de 2008.
El 3 de febrero de 2008 El País y La Opinión nos regalaban unos jugosos fragmentos de las conversaciones intervenidas al primer edil de Torre Pacheco y al empresario Facundo Armero, en las que se demuestra la ascendencia del empresario sobre Daniel G. Madrid que antes de ser alcalde actuó como abogado del empresario:
Al confeccionar las listas electorales:
-Daniel: Si pongo a Celi [en la lista de las municipales de 2007] ¿me vas de decir que sí o que no?
-Facundo: Hombre, yo te voy a decir que si quiere estar ella pues, ¿por qué no? ¿Tú has hablado con ella?
-Daniel: No, no he hablado con ella, por eso te pregunto a ti. Si la pongo ¿me vas a decir que sí o que no?


Ante la aprobación de planes urbanísticos:

-Facundo: Quiero que me aprobéis ya lo de los planes parciales.
-Daniel: Ya, pero tenemos que medir los tiempos.

Más que sospechosas conversaciones entre el alcalde de un importante municipio murciano y uno de los empresarios más importantes del boom inmobiliario, beneficiario además de la recalificación de millones de metros cuadrados de terreno rústico en toda la región. (Aquí dejo el enlace a la noticia dónde se pueden leer más conversaciones escandalosas)
Cuatro días después, el 7 de febrero  de 2008, José María Pardo, abogado de Daniel G. Madrid presentaba en el Juzgado de San Javier un recurso de nulidad contra la intervención del teléfono móvil de su cliente. En rueda de prensa García Madrid denunciaría el mismo día “una persecución sin fundamento, y de claro cariz político”, dando así a sus incondicionales un argumento de defensa frente a las impresentables conversaciones publicadas, un argumento absurdo, pero que sería repetido hasta la saciedad con la vieja estrategia de “una mentira repetida mil veces…”
El ritmo de los acontecimientos se aceleraría a finales de Marzo cuando el 31 de ese mes el juez Salvador Calero (sustituto temporal de Aránzazu Moreno) ordenó la detención e ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por delitos de prevaricación de Ramón Cabrera (arquitecto técnico del ayuntamiento de Torre Pacheco), imputado en el mismo sumario que Daniel G. Madrid y acusado de firmar expedientes en condiciones desfavorables para el municipio y contra el criterio de su superior el arquitecto municipal José Antonio Albaladejo de quien al parecer pretendían “librarse” pues en numerosas ocasiones había redactado informes contrarios a acuerdos supuestamente favorables a Facundo Armero, planes que a la postre eran aprobados con la firma de Ramón Cabrera.
El 2 de Abril de 2008 el ayuntamiento de Torre Pacheco emitía un comunicado  mostrando su “absoluta confianza en la integridad, honorabilidad y profesionalidad” de su funcionarios y particularmente del arquitecto técnico municipal Ramón Cabrera, al mismo tiempo el juez Calero continuaba con sus pesquisas sobre presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo, tomando declaración a José Luís de Dios, secretario del ayuntamiento de Torre Pacheco y Miguel Pérez, interventor del mismo ayuntamiento, que quedaron en libertad con cargos por presuntos delitos urbanísticos. Apenas unas horas después de sus declaraciones el 3 de Abril de 2008 Daniel G. Madrid era detenido e ingresaba en prisión provisional comunicada y sin fianza acusado de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a uno de los delitos investigados en el sumario, el mismo por el cual estaba recluido Ramón Cabrera, se trata de una permuta de terrenos que pudo ocasionar un perdida de entre 5 y 6 millones de euros para las cuentas municipales. “Según el fiscal, esta permuta de una parcela de propiedad municipal de 31.834,27 metros cuadrados a cambio de cuatro fincas propiedad de Mar Menor Golf Resort, de naturaleza rústica, y con una superficie de 53.033,76 metros cuadrados, habría generado un perjuicio patrimonial de 5 millones de euros a las arcas municipales por la diferente valoración de los terrenos.”
Provisionalmente la historia pareció acabar el 29 de Abril de 2008 cuando tanto Ramón Cabrera como Daniel G. Madrid salían de la cárcel de Sangonera en libertad provisional con obligación de comparecer ante el juzgado por orden de la Audiencia Provincial de Cartagena. Han pasado casi dos años y prácticamente no hemos vuelto a tener noticias sobre las pesquisas judiciales, hecho que a muchos de nosotros nos hace temer una resolución “política” del caso. Ocurra lo que ocurra las conversaciones grabadas y los datos periciales quedarán para demostrar la connivencia entre el gobierno municipal y la depredación económica y urbanística responsable entre otras cosas del 21% de paro que sufre Torre Pacheco.